Una propuesta para un nuevo modelo de distribución de contenidos digitales

La cuestión es: ¿Se puede idear un sistema de la distribución de contenidos digitales que maximice el disfrute de estos bienes por el mayor número de personas en todo el mundo, y a la vez recompense con justicia a sus creadores?

Creo que es un problema fundamental de nuestro tiempo. En la actualidad Internet ofrece la posibilidad de compartir libre y gratuitamente todos los contenidos digitales (compartición de ficheros en redes P2P, webs de streaming, de descargas, etc) pero los creadores no son normalmente recompensados por estos sistemas, por lo que obviamente esta situación de facto actual debe hacerse evolucionar hacia un modelo más justo de retribución de los creadores (y otros partícipes en la producción, como las editoriales, productoras etc.)

Los principios desde los que yo creo que puede abordarse este problema son:

1. El acceso a la cultura (incluimos aquí el arte y la ciencia) es un derecho humano, universal.
2. El acceso a la cultura lo más amplio posible, sin diferencias geográficas, económicas, de credo, sexo, etc. se promueve en interés de toda la Humanidad en su conjunto.
3. El coste de duplicación de los contenidos digitales es casi cero, a diferencia de cualquier otro bien dentro del comercio; incluso a diferencia de los bienes culturales no digitales.
4. Internet hace posible un acceso universal a la información transmitida en formato digital.
5. El acceso a Internet (que es lo mismo que decir a la comunicación en el mundo digital) es un derecho humano, exactamente igual que el acceso a la vivienda, al trabajo, al agua o a la cultura.
6. Los creadores, y todos los que intervienen como parte necesaria el proceso de creación cultural, científica o artística, tienen que ser retribuidos por su labor. Los creadores de contenidos digitales no tienen por qué ser una excepción.

De todo ello se deduce un principio para que actúen los poderes públicos:

Los contenidos culturales digitales (donde se debe incluir Ciencia y Arte) son un "pool", un repositorio, que pertenece a la Humanidad en su conjunto: son creación del espíritu humano; son parte necesaria del desarrollo individual y colectivo y además, son replicables eternamente a un coste que es casi igual a cero.

Por tanto, todas las personas deberían tener derecho a acudir a ese repositorio y tomar de él lo que estimen conveniente, así como a aportar al mismo todo lo que sean capaces de ofrecer, garantizando una remuneración justa a todos los agentes que hacen posible estos contenidos.

Una propuesta para un nuevo modelo de distribución de contenidos digitales

Es preciso idear nuevas formas de distribución de los contenidos culturales, y por una vez, es posible hacerlo mediante el diálogo entre creadores y consumidores. Por ello podemos plantearnos un modelo de distribución radicalmente nuevo que responda al hecho (inaudito en la historia de la humanidad) de que un producto de la creación humana concreto, reconocible, muy elaborado y estimable por la comunidad (en resumen: un producto cultural) puede ser infinitamente reproducido con un coste que tiende a cero. Con estas características, las leyes del comercio habitual ya no sirven y la distribución de los contenidos culturales debe hacerse de forma radicalmente distinta a la que conocemos.

Esta es mi propuesta:

Puesto que los contenidos culturales son un repositorio de acceso universal, los estados deben calcular cuánto deben poner para mantenerlo. La estimación debería hacerse en función del PIB de cada país. Por ejemplo, si a España le corresponde contribuir en la cantidad de X, el Gobierno español debería calcular en sus presupuestos cuál es la aportación que debe hacer cada ciudadano en función de sus ingresos (en resumen, a la hora de hacer su declaración de la Renta.)

Dado que estamos hablando del uso y disfrute de contenidos digitales que se distribuyen por Internet (y las redes que se creen en el futuro) debería implementarse un sistema anónimo para cuantificar el uso que cada ciudadano hace de los bienes digitales. La base de tal sistema ya existe: se llama browser o navegador, y lo que habría que implementar (no digo que sea fácil)  es la forma de contabilizar las descargas, visitas a páginas web, streaming etc que haga cada usuario. Los datos sobre "consumo de bienes culturales" se agregarían de forma anonimizada para que periódicamente se liquidara a los creadores (de todo el mundo) una cantidad calculada en función, entre otras cosas, del número de visitas y descargas de los usuarios.

Pondré un ejemplo concreto: A Juan, que gana 1500 euros netos al mes le corresponde pagar en España una cantidad de 30 euros mensuales por contenidos culturales digitales; esta cantidad la paga de sus impuestos y le da derecho a descargar, escuchar, visualizar, etc. cualquier contenido cultural de la web, sin límite. Su "browser optimizado" lleva la cuenta de sus descargas, visitas a páginas etc. de forma encriptada. A final de mes, este browser manda con su consentimiento los datos anonimizados de "consumo digital" a una oficina que se encarga de agregar tales datos para distribuir la remuneración a los creadores (y agentes necesarios del proceso creativo: universidades, editoriales, productoras, distribuidoras, etc). Esta oficina tiene un servicio de compensación con las oficinas equivalentes de los países que hayan implementado este sistema para retribuir a los creadores (científicos, etc.) de otros países.

Debe tenerse en cuenta que este modelo no abarca todos los bienes culturales, ni
todas las formas de remuneración de los creadores: solamente se refiere a los bienes digitales, y por tanto la distribución de otro tipo de contenidos se haría de una forma más cercana a la tradicional, y naturalmente sería otra fuente de ingresos para los creadores y pensadores.

Es evidente que el sistema presenta varios aspectos problemáticos, incluso dejando de lado las reticencias a hacer cualquier cambio que son consustanciales a las industrias de contenidos. Mencionaré algunos de estos problemas, y una vía para solucionarlos.

a) ¿Cualquier contenido digital puede participar en este sistema?

Probablemente no. Una buena parte de la población no estará de acuerdo en que sus impuestos se usen para recompensar a los productores de porno, por ejemplo. Aunque la definición de qué contenidos se deben incluir debería ser lo más amplia posible, siempre quedarán contenidos que, aunque se consideren legales, no son adecuados para este método de distribución. Quedará un mercado de pago tradicional para estos bienes.

b) ¿Y la anonimidad?

Este es un peligro, indudablemente, pero la solución es tecnológicamente factible. En último caso, si un ciudadano no quiere arriesgarse a que su gobierno sepa que lee o simpatiza con las opiniones de un autor o tendencia determinados, por ejemplo, siempre podrá adquirir esta información en un mercado tradicional.

c) ¿Más burocracia?

Un poco más, si, pero en su grandísima mayoría es del tipo que deben gestionar los ordenadores  (es decir, de la barata).

d) ¿Más impuestos?

Habría que ver si la cantidad de problemas que resuelve este sistema no redunda a la larga en una reducción de los impuestos.

Obviamente estas son solo unas pinceladas de un sistema muy complejo. En todo caso creo que un sistema que haga de verdad universales la gran mayoría de los contenidos culturales y a la vez retribuya adecuadamente a los creadores no sólo es una tarea urgente y de justicia, sino que además irá en beneficio de todos

Algunos estados (como los USA, el país con mayor porcentaje de población reclusa de todo el mundo, o como Gran Bretaña) han elegido ya la vía represora y prefieren mandar a sus ciudadanos a prisión antes que pensarse seriamente si es de verdad apropiado distribuir los bienes culturales (cuyo costo de reproducción y distribución es casi cero) usando el mismo sistema que se inventó para vender coches, cereales y sillas eléctricas.

Yo creo que se puede hacer mejor.


=====
Nota (08.06.2011, 10:32) Richard Stallman me hace notar con razón que el término "compensar" no es el adecuado para hablar de lo que deben recibir los creadores por su trabajo. Lo he sustituido por "remunerar" o "retribuir", que es mucho más ajustado para describir lo que pretende conseguir este sistema.

La Piratería no es responsable del Calentamiento Global

(O de cuál es la auténtica evolución del mercado de la música en España)

Lo más llamativo del espectáculo que por estas fechas presenta cada año la industria del... espectáculo, es que a diferencia de lo que ocurre en otras industrias, cuyos responsables se devanan los sesos para explicar los fenómenos económicos, aquí esta todo claro: el culpable de todos los problemas es la piratería.

Voy a dar algunos datos sobre la evolución del mercado musical en España. Me limito al "gran mercado" y por ahora dejo de lado otro que es quizá igual de interesante: el de la música y los canales viables pero alternativos.

He recogido algunos datos que intentan aclarar un poco cuál es la situación real de la industria tradicional de la música en nuestro país. Están tomados fundamentalmente de los informes de la SGAE y Promusicae (véase abajo), no impecables desde luego, pero buenos representantes de lo más tradicional del negocio musical en España.

En esta tabla, referida sólo al mercado español, vemos por un lado, la evolución del mercado de las grabaciones en formato físico de cualquier tipo (siempre bajando, y más que lo harán), la de las grabaciones difundidas en formato digital (tiendas de internet, streaming, etc) y una suma de ambas ventas. 

Por otro lado vemos la evolución de los ingresos por entradas a conciertos (los datos proceden de la SGAE; si se hiciera una proyección basada en la proporción que recauda la SDAE las cantidades serían mucho mayores [1]).

He llamado "Total Música" al total recaudado por ventas de música grabada y entradas de conciertos.

(*) Los datos están tomados de: "Informe Promusicae del Mercado Discográfico" 2007-2010 para los referentes a venta de música. "Anuario SGAE de las artes escénicas musicales y audiovisuales 2010" para los referentes a venta de entradas a conciertos; Los datos de conciertos de 2010 son una simple proyección de la evolución 2008-2009. Véase además el "Informe sobre la Industria de la Musica" 2010 de FEDEA.

No incluyo en este gráfico la evolución de otras formas de entretenimiento de importancia creciente (principalmente videojuegos de todo tipo) que presumiblemente son responsables de parte del desvío de los gastos de los usuarios desde unas formas de entretenimiento a otras. Tampoco incluyo (más que nada porque no las he encontrado) las cifras sobre ventas de merchandising de grupos, una fuente de ingresos importante (y de importancia creciente) para los músicos.

En resumen, se puede ver que la evolución de los gastos totales en música habían frenado su ritmo de bajada en 2007-2008 y que, a partir de ahí, su descenso puede estar justificado en buena medida por la crisis que comienza en 2008. De no haber sido por la crisis, los ingresos por conciertos, aumentando en la medida que lo venían haciendo, sumados al aumento de música digital habrían casi compensado las pérdidas en música grabada en los formatos materiales tradicionales en los dos últimos años. 

Esta situación, por otro lado (y exceptuando el desplome de ventas que, según IFPI tuvo lugar en España en 2007) no es muy distinta de lo que ocurre en el resto del mundo, donde normalmente los ciudadanos no se ven obligados cada año a presenciar la patética escena del desgarramiento ritual de las vestiduras por parte de los distribuidores, productores y responsables de Cultura, como ocurre en España (las cantidades en millones de dólares):

En resumen, lo que vemos es que la evolución del gasto responde en buena medida a la evolución de los gustos: el público prefiere ahora, cada día más, la música en vivo y nuevas formas de entretenimiento y evasión. 

Si la industria quiere adaptarse tendrá que aprender de quienes están haciendo dinero con las nuevas tecnologías: los Google, los FaceBook, los Twitters de este mundo digital.

Y si no, de alguna manera todo el talento que hay dentro de ella encontrará la salida fuera del modelo tradicional.

[1] Véase el "informe de la industria de contenidos digitales" 2009 de Asimelec  p. 47.

La Ley Sinde.2, en beta

Finalmente ha aparecido publicado un borrador de una redacción alternativa a la llamada Ley Sinde, redactado por el abogado David Maeztu. El "trámite" de este texto alternativo no ha sido probablemente ejemplar, pero por lo menos ha servido para poner de relieve dos cosas: (a) la dificultd de la tarea que Alex de la Iglesia se ha echado a las espaldas; (b) hasta qué punto la ley Sinde es completamente insuficiente para proveer de un marco jurídico satisfactorio a los asuntos que pretende abarcar.[1]

El proyecto intenta trasladar a los tribunales toda la potestad sancionadora, con las garantías que ello supone para el acusado, pero no afecta lo más mínimo a la cuestión de cuál es el nuevo modelo económico de distribución de los bienes de trasferencia digital que queremos consegir. Quizá es que ese es el pecado original de la ley Sinde, que ni roza el problema real. Porque aprobado este u otro texto, se cerrarán entre cien o doscientos servidores basados en españa, y a continuación volverán a abrirse desde cualquier otro "mercado emergente"; los usuarios de tales servicios esperarán a su reapertura, u optarán por usar proxies, y todo seguirá casi, casi igual a como estaba antes. Con lo cual pasaremos a la segunda fase del "plan de ruta" (véase el cable de la Embajada Norteamericana en Madrid ID 09MADRID59) cuyas consecuencias es difícil calcular. Dejando de lado todos los peligros que se ciernen sobre este borrador con la redacción del reglamento, la propuesta no parece que vaya a arreglar nada. Los rumores que se han oído durante los últimos días parecían presagiar un cambio más amplio. Pero probablemente Alex de la Iglesia ha hecho todo lo que estaba en su mano.

[1] Los errores de redacción de este borrador de propuesta alternativa no son en realidad prueba de la precipitación del/ los redactores, puesto que en el BOE aparecen a diario párrafos mucho peor redactados, procedentes del Congreso. Son sólo prueba de la falta de una tradición de rigor jurídico. El borrador dice, por ejemplo:

"El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración empleándose medios electrónicos o servicios de la sociedad de la información en los términos previstos la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico."

El participio con el reflexivo es la forma menos indicada en este párrafo, porque gramaticalmente no es posible decidir si el sujeto es el vulnerador o el Ministerio. Sin embargo, semejantes monstruos sintácticos jamás han arredrado al legislador español de las últimas décadas. Más adelante, en la modificación del artículo 158 del texto refundido de la LPI el proyecto dice " frente a su empleándose" [sic] donde, en lugar de corregir el participio, se olvidan del sustantivo.

La Ley Sinde, según Sinde

La Ministra de Cultura González-Sinde ha publicado en El País un artículo de opinión titulado "El adversario es otro" donde explica la visión que tiene del conflicto que enfrenta a su Ministerio con los internautas.

El argumento de la Ministra es muy sencillo: unos “jóvenes hastiados de una sociedad en la que no se reconocen y en la que encuentran poco o ningún espacio para la expresión y la participación” están utilizando Internet para atacar a “la gente de la cultura”. ¿Y por qué hacen tal cosa? La Ministra responde: porque “la pérdida de lo público, la crisis de las instituciones, la indiferencia hacia la política, la precariedad de nuestros vínculos laborales o personales, la incertidumbre y la desconfianza, sumadas a una economía de mercado que huye de las reglas, hacen de Internet en nuestro imaginario una importante alternativa al orden de cosas que conocemos”. Se equivocan esos jóvenes, sigue el argumento de Sinde, porque su enemigo real “está en otro lado haciéndose más y más fuerte”. Este enemigo son “grandes intereses económicos (los verdaderos dueños de la Red)”, dice la Ministra, sin identificar claramente a tales intereses. Todo ello se arreglará cuando se apruebe la ley que lleva “el apellido de mi abuela”.

Sencillo. Y completamente erróneo. O quizá no completamente. Veamos.

Es un poco sorprendente que el artículo sólo identifique las protestas de los jóvenes. O los informes de la Ministra se centran sólo en ese grupo de edad, o se trata de una figura retórica para hacer más digerible el argumento de que los revoltosos son un colectivo aturdido y fácilmente manipulable. En realidad, los usuarios de Internet que se oponen a la ley Sinde no son sólo jóvenes. Son niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y no se enfrentan a "la gente de la cultura" sino a una ley que, a su juicio, defiende los intereses de la SGAE. (Aquí habría que decir que las pancartas no siempre están actualizadas, porque la SGAE opera hoy dentro del lobby llamado “Coalición de Creadores” que representa, además, a Promusicae, EGEDA, FAP, ADIVAN y ADICAN.)

 

Si uno no está en el ajo de lo que ocurre en el Ministerio de Cultura, para entender la alusión que hace la Ministra a los “grandes intereses económicos” que constituyen el “enemigo” de los internautas conviene conocer el cable de la Embajada Norteamericana en Madrid ID 09MADRID593, con calificación de “Confidencial” filtrado por Wikileaks el día 21/12/2010 (todavía no publicado por "El País". En él podemos leer el disgusto de la Ministra ante la falta de acuerdo en que acabaron las negociaciones entre, por un lado, la “Coalición de Creadores” y por otro la asociación de proveedores de acceso a Internet (Redtel ISP), capitaneados por Telefónica.

Telefónica y los otros ISPs tienen su propia visión del negocio: ellos piensan que todavía no le están sacando a Intenet todo el provecho que pueden. Piensan (como cuenta Alierta en este vídeo) que todavía pueden exprimir mucho más a los consumidores (cobrándoles por todo lo que vean y descarguen en la red) y también a los proveedores tradicionales de contenidos (obligándoles a que compartan con ellos el pastel), igual que ya han hecho con los fabricantes de teléfonos móviles. Esto, junto con el acuerdo ACTA, es el mayor peligro que tiene Internet hoy por hoy, y es notable la valentía de la Ministra a, si no denunciarlo, por lo menos ponerlo encima del tapete.

Éste es, por tanto un juego con cinco jugadores: a) Los creadores de contenidos artísticos e intelectuales; b) los consumidores de tales creaciones (Internautas); c) los proveedores de acceso a Internet (ISPs); d) los tradicionales "proveedores de contenidos" (en España representados por la "Coalición de Creadores"); e) los poderes públicos, representados por el Ministerio de Cultura.

No cuento entre los jugadores a la Prensa, que en cualquier juego político son el "(x+1) poder". Tampoco cuento a la Embajada americana, que actua de intermediario de las empresas de su país. Finalmente es muy importante destacar que entre los proveedores de contenidos no sólo debe contarse a la "Coalición de Creadores" sino, con al menos tanta influencia, a los lobbies de las grandes multinacionales americanas, europeas y japonesas.

El artículo, por tanto, parte de una identificación entre "la gente de la cultura" (que sería "a") y la gran industria de la cultura (que sería "d"). Esta identificación es preocupante, y en todo caso debería dejarse bien claro que esa es una percepción de la realidad que está muy lejos de la que tienen los Internautas

Erradas o no, las movilizaciones contra la Ley Sinde son un movimiento en contra de un modelo económico ya agotado al que se aferran las grandes productoras y distribuidoras por la única razón de que es el único que conocen sus altos directivos. Lo que pide Internet es que se dé libertad a los creadores y que surja un nuevo modelo de distribución de la cultura que podrá estar en mucha mayor medida en sus manos, y en mucha menor medida en las de las grandes corporaciones (que sin embargo seguirán existiendo con toda probabilidad y teniendo su importancia). Es una desgracia que las grandes distribuidoras, promotoras y productoras desperdicien tanto talento, especialmente joven, porque sus directivos nunca han comprendido cómo funciona Internet.

La ley Sinde es un sostén temporal para mantener en pie un modelo económico que está casi muerto. Esto lo han  comprendido los ISPs mucho mejor que la Coalición de Creadores (por algo  su negocio se llama Internet). Los ISPs quieren cambiar el negocio, pero en  su propio beneficio, y a su manera, que al parecer no pasa por consultar sus decisiones con el Ministerio. Lo que denuncia la Ministra es una pugna entre dos modelos de "mercado de la cultura": El modelo de la Coalición de Creadores (que es el que de algún modo apuntala la Ley Sinde) que ya no funciona vs. el proyecto de los ISPs, que consiste en convertir Internet en algo tan  manipulable, aburrido y rentable como (en su día fueron) la televisión o la radio. Los internautas, por su lado, buscan otro modelo alternativo, que debe surgir de la confluencia de  intereses de los creadores, los consumidores y unos líderes políticos  responsables y con conocimiento de las nuevas tecnologías.

El movimiento a favor de una Internet libre es un movimiento a favor de la libertad en la sociedad de la información. Los últimos acontecimientos de Túnez son una buena muestra de la importancia de Internet como alternativa a los medios tradicionales de comunicación para defender la libertad en todas las partes del mundo.

Los internautas y sobre todo los creadores están esperando la oportunidad de que, por una vez, sean ellos los que comiencen a definir el nuevo modelo de distribución de los contenidos culturales. Y para ello sería necesaria la colaboración de un Gobierno sensible en primer lugar a tales intereses.